El hoy senador de la República, Miguel Ángel Mancera, terminó (abandonó) su cargo al frente de la Ciudad de México al margen de dos casos que dieron fin a una atropellada administración. Los nombres de Lesvy Berlín Rivera Osorio y Marco Antonio Sánchez quedarán remarcados en la lista de irregularidades y abuso de poder de las autoridades capitalinas.
El pasado miércoles 22 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través de Felipe Edmundo Takajashi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), ofreció disculpas a los familiares de Lesvy, «por las violaciones a sus derechos humanos que cometimos en su agravio».
Lejos de que Araceli Osorio, madre de Lesvy, aceptara la disculpa pública, exigió dejar atrás las malas prácticas del Incifo: «A nombre de ella, reclamamos verdad, rectitud, mística en su trabajo, porque hay una deuda incontable, especialmente para con las mujeres víctimas de violencia feminicida».
Por su parte, la activista Irinea Buendía —en medio del desapruebo, la falta de empatía y las caras largas de los médicos forenses presentes— llamó «carniceros» a los especialistas del Incifo y tildó de «porquerías lo que hicieron en la necropsia de Lesvy», asesinada el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria.
A principios de mayo la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, ofreció también una disculpa pública a los familiares de Lesvy, esto por considerar y asumir que «el sistema de procuración de justicia le falló a Lesvy y a su familia». Cabe destacar que la administración de Miguel Ángel Mancera se empeñó en defender la línea de investigación que apuntaba a un suicidio: parecían temer al término feminicidio.
Marco Antonio: un año después
La tarde del 23 de enero de 2018, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a Marco Antonio Sánchez, acusado de alterar el orden público en la estación Tlalnepantla del Tren Suburbano; cinco días después, y tras una serie de irregularidades por parte de los policías que lo detuvieron, el joven de 17 años de edad fue localizado en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, a 27 kilómetros del lugar de su aprehensión.
Cerca de un año después (el 18 de enero de 2019) un juez federal consideró que el caso del joven —al haber sido localizado— ya no pertenecía a la línea de desaparición forzada; sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado Tribunal en Materia Penal de la Ciudad de México anuló dicha resolución, catalogó el caso como desaparición forzada y fijó la responsabilidad de cuatro policías.
El tribunal determinó que Marco Antonio presentaba muestras de tortura, mismas que acompañadas por las irregularidades de las autoridades policiacas ministeriales y judiciales de la Ciudad de México y del Estado de México, fueron consideradas como «elementos que demuestran que se violaron los derechos de integridad personal, libertad y el reconocimiento de la personalidad jurídica del adolescente».
Aunque las versiones de los uniformados y de la defensa del menor diferían, el tribunal consideró que aun en la primera existían elementos suficientes para decretar la desaparición forzada, puesto que los agentes que detuvieron a Marco Antonio —mientras corría por la estación del Tren― no respetaron el Protocolo de Actuación Policial de la SSP, además de contrariar lo estipulado en el Artículo 16 constitucional.
Aquella noche de enero de 2018 —según la versión de un testigo— Marco Antonio solicitó a un transeúnte posar frente a un muro grafiteado para tomarle la fotografía (su costumbre y pasión), dicha acción llamó la atención de un par de policías que se acercaron a él y le preguntaron: «Qué haces», acto seguido, el joven huyó corriendo en dirección al Tren Suburbano, donde le dieron alcance, lo golpearon y lo subieron a una patrulla del Estado de México.
La versión de los uniformados refiere que Marco Antonio solicitaba dinero de manera agresiva a otro joven, razón por la cual este último pidió la ayuda de los policías, quienes persiguieron a Marco Antonio, detuvieron, ingresaron a una patrulla y, luego de no encontrar a la parte acusadora, lo liberaron a escasos metros de su detención: en ambos casos la desaparición forzada existe.
Nueva ley de Derechos Humanos para la CDMX
El Congreso Capitalino aprobó la ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) que establece un límite de tiempo para que las autoridades o servidores públicos capitalinos decidan si aceptan o no las recomendaciones que les haga la institución.
Aprobada con 56 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, la nueva ley entrará en vigor un día después de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y entre sus temas sobresalientes, destaca el compromiso para que en cada una de las 16 demarcaciones de la ciudad se establezca una sede de la CDHDF.
En adelante, autoridades o funcionarios tendrán un plazo máximo de 15 días para dar respuesta a las recomendaciones de la CDHDF, de lo contrario se sobreentenderá que han sido aceptadas y se deberán respetar los tiempos que la comisión establezca para su cumplimiento.
…Respecto al caso de Lesvy Berlín, la CDHDF emitió la recomendación 01/2018 en la que quedaron asentadas las inconsistencias de la procuraduría capitalina y del Incifo; mientras que para la desaparición de Marco Antonio, la dependencia entregó un informe detallado sobre la interacción entre jóvenes y policías, con el valor de una recomendación, según la titular Nashieli Ramírez Hernández: «el caso fue absorbido por la CNDH y la resolución final (para ambos expedientes) llegó un año después, ya con una nueva administración».