Pocos avances en materia de desaparecidos
Más de 40 mil desaparecidos; más de 26 mil cuerpos sin identificar; 2 mil fosas (y en aumento) halladas en el país: la herencia negativa en materia de derechos es delicada, lo peor, los avances son pocos.
El 23 de marzo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, declaró que las administraciones pasadas heredaron a la 4T más de 40 mil personas desaparecidas y 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses del país. A dos meses de pronunciadas dichas palabras, las organizaciones civiles que buscan a sus desaparecidos no ven un avance claro en la materia.
Las cifras oficiales del extinto Registro Nacional de Personas Desaparecidas refieren un total de 40 mil 180 mexicanos de quienes se desconoce su paradero (con números de 2006 a 2018), teniendo sus picos más altos en 2011 y 2017, justo un año antes de efectuarse las elecciones presidenciales en el país.
Sin embargo, para Alejandro Encinas, dicha información tendrá rehacerse pues «la metodología usada» es poco confiable, por lo que se deberá atender lo establecido en la Ley de Desaparición Forzada y crear un Protocolo Homologado de Búsqueda.
Mientras tanto, para los colectivos civiles que han tomado en sus manos una labor gubernamental, la tardanza en el actuar de las autoridades de todos los niveles de gobierno, aunado al nepotismo, la corrupción y la falta de interés por esclarecer los casos, ha incentivado a empantanar los archivos oficiales y a generar montañas de documentación que de poco sirven para conocer la verdad.
Al respecto, la escritora, periodista y activista: Lydiette Carrión sostiene en su libro La Fosa de Agua que «el antónimo del olvido no es la memoria, sino la verdad». Aunque la cita proviene del poeta Juan Gelman y su gusto por la cultura ateniense, el contexto histórico para utilizarse en el país se antoja adecuado: «Se refería (Gelman) a una verdad simple, no retórica (…) quiénes son las desaparecidas, quiénes se las llevaron, qué les hicieron y dónde están».
Por desgracia, México tiene una tradición —sí puede llamársele así— de desaparecidos, muchos de ellos producto del enfrentamiento entre bandas rivales y de la guerra contra el narcotráfico incentivada por el expresidente Felipe Calderón; sin embargo, los miles de desaparecidos son sólo uno de los problemas actuales del país: la violencia, homicidios, feminicidios y ataques contra los derechos humanos, también forman parte del aglomerado que despertó a una parte del pueblo mexicano.
Ante la falta de eficacia y la lentitud de las dependencias federales, diversas organizaciones tomaron en sus manos el quehacer de las autoridades, a lo largo del territorio nacional se conformaron colectivos encabezados por familiares y activistas que dedicaron tiempo, esfuerzo y recursos económicos para buscar los cuerpos y entregar la verdad que ha sido negada a miles de mexicanos.
Las Guerreras Buscadoras de Sonora
Luego de una falta de acompañamiento y disposición de las autoridades estatales para apoyar a María Teresa Valadez Kinijara, ella y sus familiares decidieron emprender la búsqueda de su hermano desaparecido el 11 de agosto de 2015. Interpusieron la primera denuncia por desaparición forzada dos días después, en los municipios de Empalme y Guaymas, sin embargo, él no apareció y, sin darse cuenta, comenzó la creación de un colectivo que ha entregado grandes resultados a una búsqueda nacional.
De acuerdo con la información publicada en el portal Movimiento por nuestros desaparecidos en México, en Sonora se tiene registro de 2 mil 150 personas desaparecidas: 641 mujeres y mil 509 hombres; se han localizado 86 fosas clandestinas y se logró recuperar un total de 96 cuerpos, 59 de ellos fueron localizados por el colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, del cual Valadez Kinijara es su fundadora.
Ante la desesperación por encontrar nuevas rutas y herramientas para dar con el paradero de su hermano, María Teresa se topó con otros casos parecidos al suyo: «Fue cuando yo me doy cuenta que no somos la única familia, son muchas familias en todo el país».
A través de las redes sociales consiguió contactarse con Mario Vergara «La Hormiga Atómica», un buscador de desaparecidos en el estado de Guerrero; gracias a él, Kinijara obtuvo el contacto de Las Rastreadoras del Fuerte, de Sinaloa, a quienes escribió con esperanza de obtener su ayuda. Sin haberse percatado, ya había pasado un año de la desaparición de su hermano y las respuestas y la verdad no llegaban.
«No lograba contactarlas, pasó más de un año y seguimos buscando como familia; se nos fueron uniendo familias en la misma situación, pero con miedo, y con miedo no avanzábamos mucho».
Creyente de Dios y de la justicia divina, María Teresa tuvo un encuentro fortuito con una periodista que fue el nexo anhelado con Las Rastreadoras del Fuerte. Fueron ellas quienes le enseñaron «cómo buscar en la tierra»; también fueron ellas las que, en enero de 2018, se trasladaron a San Carlos Nuevo Guaymas y ayudaron en la búsqueda y posterior hallazgo de nueve cuerpos: «Quemadas, calcinadas y fragmentadas que (más tarde) los estudios arrojaron el ADN de 10 personas».
Fue ese mismo mes de enero de 2018 cuando nace el colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, con presencia al día de hoy en siete municipios del estado; desde ese entonces han recibido cursos de antropología, psicología y medicina forense: «hemos entregado 17 tesoros a sus familias, porque no nada más es encontrar, buscar y sacar, sino darle seguimiento para que tengan un eterno descanso, tanto los cuerpos como las familias que tenemos un desaparecido».
Ley y fiscalías
Con unas cifras alarmantes, el Congreso de la Unión decidió que no se podía esperar a que los Congresos estatales emitieran leyes locales, por lo cual, el 17 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, misma que entró en vigor a partir del 16 de enero de 2018.
Entre los avances más significativos destacan la iniciativa para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), un Protocolo Homologado de Investigación, la conformación del Consejo Nacional Ciudadano, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas, así como la integración de nueve Fiscalías Especializadas en los estados de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Veracruz y Sinaloa; esto último considerado como uno de los mayores rezagos en la materia, pues la ley exhorta a que cada entidad cuente con su propia dependencia.
Aunque algunos Congresos locales se han esforzado en la promoción de proyectos para la conformación de fiscalías especializadas, los tiempos siguen siendo tardados; los prejuicios, las respuestas costumbristas, la negativa de las autoridades y la revictimización siguen siendo parte fundamental del lodo que no deja avanzar las investigaciones y acumulando casos sin resolver.
Con respuestas como «se lo buscaron», «andaban en malos pasos», «al rato regresa», «seguro se fue con el novio» o «se fue con el narco», entre muchas otras, los familiares de los miles de desaparecidos en el país viven, a decir de la activista y geofísica María Salguero, «un martirio a la hora de presentar una denuncia por desaparición (…) Las primeras horas son vitales, pero resulta que llegan a los Ministerios Públicos, aún con la Alerta Amber, y la respuesta que tiene es: “No, regrese mañana, regrese después a ver si aparece. No se aparece en 72 horas, levantamos la denuncia”».
Por desgracia, relata Salguero, las anomalías en los casos de desaparecidos no se limitan al momento de levantar las denuncias, muchas veces se contamina la evidencia, no se persiguen todas las líneas de investigación y, en el peor de los casos, «Muchas veces salen a la luz las redes de corrupción y complicidades existentes entre autoridades y criminales».
Una justicia que no llega
«Ninguna palabra puede compensar el sufrimiento de los padres clamando justicia, ni la pérdida de una vida humana, mucho menos cuando esa pérdida ha quedado impune», refiere el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez. Para él, como para muchos activistas, el Estado mexicano tiene una deuda enorme con la población y en especial con los familiares de los desaparecidos: «jueces y magistrados no deben permanecer indiferentes ante injusticias».
Aún con el impulso de la 4T, el presupuesto del presente año asignado para la búsqueda de personas desaparecidas fue de 400 millones de pesos, 69 millones menos que en 2018, no obstante, colectivos aseguran que durante los tres primeros meses de 2019, «no se ha movido un solo peso», incluso cuando ya se tiene el organigrama de la CNB, cuya operación costará 193 millones 215 mil 472 pesos, casi la mitad del presupuesto federal.
Para las organizaciones civiles, el actuar lento de la CNB refleja un «interés a medias» por cumplir con las promesas realizadas, para ellas, son las instituciones locales y los propios colectivos de búsqueda quienes han entregado mejores resultados, sin embargo, los 207 millones 576 mil 512 pesos que les queda del presupuesto federal, solo alcanzan para repartir subsidios a los estados, no para la formulación de un proyecto que entregue dividendos importantes a los familiares de las víctimas.
A decir de Alejandro Encinas, son varias regiones del país en las que se presume la mayor concentración de fosas clandestinas y desaparecidos: Nayarit, Veracruz y Estado de México, son solo algunas. Lo peor, es que el aterrador número de 2 mil fosas halladas podría incrementar a medida que aumenten las investigaciones, pues la opacidad y la indiferencia de las administraciones pasadas, provocaron un vacío de información, hasta hoy desconocido.
México sigue siendo un territorio con un número, por desgracia, desconocido de fosas clandestinas; un país con miles de familias en busca, ya no de la justicia sino de la verdad, de la tranquilidad, pues como refiere Valadez Kinijara: «No es un orgullo nuestro hallazgo, es un descanso que van a tener las familias que por fin tendrán a sus familiares».