En medio año, solo se ha ejercido el 40 % del presupuesto aprobado

Ante recortes presupuestales, dependencias podrían caer en incumplimiento de funciones

Tres programas sociales de AMLO ocupan el 57 % del presupuesto destinado a ese fin. En tanto, el recorte presupuestal llegó a aquellos que fueron implementados por el gobierno anterior y que tienen como objetivo el combate a la pobreza.

Ante recortes presupuestales, dependencias podrían caer en incumplimiento de funciones.

Solo 700 mmdp del total de 1 billón 800 mil pesos se han ejercido en el primer semestre del año.

César J.G.

Uno de los estandartes de Andrés Manuel López Obrador durante su campaña presidencial rumbo a los comicios celebrados en 2018 fue la austeridad republicana, un sistema que buscaba reducir el gasto corriente e incrementar el correspondiente a inversión pública, lo anterior con la finalidad de fortalecer el mercado interno sin el aumento de los impuestos .

Sin embargo, esto no habría sido posible sin una iniciativa de ley que, finalmente, fue promovida y aprobada entre abril y mayo en el Legislativo. Dentro de sus bases se encuentra la formación de un comité que evalúe las políticas de austeridad republicana de cada una de las dependencias públicas.

Con ello, los despidos en distintas instancias de gobierno comenzaron a generarse sin contar con un estudio que lograra descifrar la cantidad exacta de plazas innecesarias. Hasta la fecha, no se tiene certeza de si el Comité de Evaluación antes mencionado, se erigió, bajo qué términos, bajo qué preceptos se rige y se conduce para eliminar los gastos excesivos dentro de las secretarías.

Parte de esta ley es también la reducción de salarios a los altos mandos dentro de las distintas dependencias, razón que ha llevado a los directivos a interponer amparos al considerar que la arbitrariedad de la ejecución de esta ley amaga y perjudica sus derechos humanos, además de que ven en ello un síntoma claro de intervención y violación de la autonomía institucional con la que gozan varios organismos.

Resultado de la austeridad, se estimaba que el Gobierno generaría ahorros por hasta 6 mil 300 millones de pesos para este año, hecho que sin duda incrementaría el monto presupuestal aprobado por el mismo Legislativo mediante la Ley de Egresos, que cifraba en 1 billón 266 mil millones de pesos el gasto. Esta cantidad, representó a su vez un incremento de hasta el 6.1 por ciento respecto al presupuesto aprobado para 2018.

No obstante, esto ha llevado al Gobierno federal a caer en un subejercicio del gasto público. De acuerdo con cifras oficiales, se han ejercido solo cuatro de cada 10 pesos presupuestados, lo anterior, según lo dicen especialistas, es consecuencia de una caída en la recaudación por el despido de 196 mil trabajadores que por no percibir un salario, no consumen ni pagan impuestos, hecho que provoca que las empresas tengan un exceso de productos.

Y es que del monto total de presupuesto, que es de un billón 800 mil millones de pesos aproximadamente, hasta ahora solo se han ejercido 700 mil millones, es decir, el 39 por ciento de lo aprobado por el Legislativo. Una situación como esta, según el vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), si bien no desemboca en una recesión, sí provoca que la economía pierda dinamismo. Además, añadió, una política económica así «podría ser catastrófica en un entorno de desaceleración».

Hasta ahora, el gasto corriente es el que más dinero ha ejercido, sin embargo, no se trata de inversión real, puesto que es respecto al pago de sueldos, mantenimiento de edificios y operación de algunos programas, como lo es Jóvenes Construyendo Futuro y Pensiones a adultos mayores, a los cuales les fueron destinados 44 320 y 100 mil millones de pesos, respectivamente, para su ejecución este año y cuyo monto representa el 57.3 por ciento de lo destinado a 18 programas sociales prioritarios.

Sobre la concentración de recursos, se pronunció el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en marzo de este año, al señalar que esta gestión eliminó 11 programas sociales de los 93 prioritarios que se tenían en el sexenio anterior. De los 81 restantes, 36 están ligados directamente con la reducción de la pobreza, empero padecieron un recorte de 4.4 por ciento en su presupuesto, lo que afecta su operación.

La merma en el gasto produce que la economía no tenga «evolución, ni el dinamismo, ni la velocidad de ejercicio de gasto que permite al final del día generar un encadenamiento económico para que haya un crecimiento», según el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

De igual forma, indicó que un factor visible es que las compras realizadas por el gobierno son pertinentes y bien vigiladas pero aún se deben hacer ajustes en esos términos, pues las adquisiciones en distintos ámbitos registraron retrasos como consecuencia del despido de expertos.

Por si fuera poco, las distintas dependencias que componen al Gobierno federal podrían caer en incumplimiento de la ley. El director del Laboratorio de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Eduardo Sojo Garza, indicó que debido al recorte presupuestal muchas de las dependencias tuvieron que truncar sus proyectos y programas para este año, situación que provoca que caigan en incumplimiento de funciones.

Sobre ello, abundó en que aún se está a tiempo de rectificar y tomar en cuenta los impactos que se ha tenido en cada una de las secretarías. La poca o nula capacidad de maniobra dentro de la federación ha provocado ya algunas renuncias, como la de Germán Martínez al frente del IMSS o Clara Torres, quien estaba al frente del Programa de Estancias Infantiles dentro de la Secretaría de Bienestar, quienes arguyeron que los lineamientos impuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) son impuestos, incumplibles y con poco presupuesto.

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