El incremento de delitos en las inmediaciones de los planteles escolares e incluso dentro de sus instalaciones motivaron al gobierno capitalino implementar este programa. El director general del Observatorio Nacional Ciudadano cuestionó su eficacia y fue enfático en los puntos complementarios que deben atenderse.
Aidee, Leonardo, Lesvy, Norberto, Alexis y Carlos son solo algunos de los nombres de jóvenes estudiantes de planteles de educación media y superior que perdieron la vida en la Ciudad de México durante los últimos años. Estas pérdidas no son más que el saldo de la instauración de la violencia y la corrupción en la capital del país, en donde la inseguridad predomina y permea también en las instalaciones e inmediaciones de los centros escolares.
Ante esta situación, la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, determinó implementar un programa con el cual se pretende garantizar la seguridad de los estudiantes. Durante la presentación del proyecto, la mandataria señaló que en 29 planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 24 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se instalaría Sendero seguro. En días posteriores se anunció que algunas instituciones privadas como las universidades del Valle de México, Anáhuac, Latina y Pedregal, así como la Escuela Libre de Derecho y el Tecnológico de Monterrey, entre otras más, también adoptarán este proyecto de seguridad.
No obstante, para Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), este proyecto es solo un «paliativo» ante los altos índices delictivos que imperan en la Ciudad de México. Para el representante de este ente que organiza a la sociedad civil «el problema no es el programa», sino el trasfondo que hay en la crisis de inseguridad que impera en la capital.
En este sentido, Rivas advirtió en entrevista telefónica con este semanario que el tema «es más complejo», y que «la situación de la capital es de crisis aunque la jefa de Gobierno así no lo refiera». Las cifras sustentan lo anterior, según números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante abril. la Ciudad de México se ubicó entre las primeras 10 entidades con mayores índices delictivos en 12 de los 13 delitos considerados de alto impacto: homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, extorsión, trata de personas, robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, violación y narcomenudeo.
Solo en secuestro se registró una baja en el número de casos presentados. Lo que es paradójico si tomamos en cuenta que Norberto Ronquillo, estudiante de la Universidad del Pedregal, fue privado de su libertad para posteriormente ser asesinado.
Para el director general del ONC, «el problema de secuestro obedece a los altos índices de impunidad, la baja capacidad del estado de colaborar, de generar». Sin embargo, acotó que si bien este delito «ha ido a la baja en la ciudad y a nivel nacional» no se puede pensar que las medidas implementadas por las autoridades, como tener presencia policíaca en algunas calles de forma aleatoria serán la solución.
«Que se identifique a las bandas, que se desarticulen, que se ataque el bolsillo de las bandas. Que se sancione a los criminales y se repare el daño», declaró Rivas sobre algunas de las acciones que conducirían al gobierno capitalino y federal a la erradicación del problema desde su origen; se trata de «desmantelar las estructuras» de este tipo de organizaciones criminales, agregó.
Implementar cruces seguros, el balizamiento y la señalización, la depuración del alumbrado público y las obras de reparación y bacheo en las zonas escolares que comprende el programa Sendero seguro no son más que, parafraseando a nuestro entrevistado, cuidados paliativos: «Estamos atendiendo simple y sencillamente el síntoma pero no las causas», sentenció.
El representante del ONC destacó «la postura de las universidades», la cual cataloga como correcta pero insuficiente. Y es que «ellos (dirigentes de las instituciones académicas que adoptaron el programa) simple y sencillamente se preocupan por su entorno». Al respecto precisó que, por ejemplo, «a la UNAM no le toca asumir la responsabilidad si uno de sus estudiantes es secuestrado a 10 kilómetros de sus instalaciones», eso ya es asunto del gobierno capitalino.
Rivas enfatizó en otra de las circunstancias que se necesita atender prioritariamente para atacar la inseguridad desde Sendero seguro. «La capacidad de disuasión que van a tener de los delitos y la capacidad de resolución de la problemática es prácticamente nula», externó y reiteró que las medidas comprendidas en este proyecto tienen una buena intención pero son limitadas.
Pese a la actual situación en la Ciudad de México y las deficiencias de Sendero seguro subrayadas, el director general del ONC se mostró optimista y aseguró confiar «en nuestras autoridades capitalinas». Lo que ahora corresponde es girar las órdenes desde la cabeza del gobierno para encauzar un tema que «es mucho más complejo» y que demanda atención de forma y fondo, no solo de la primera.
Aumentar el presupuesto a la procuración de justicia, vigilar el desempeño de las instituciones y rendirle cuentas a la ciudadanía» son tres labores clave puntualizadas por Rivas para terminar con una enfermedad que se ha propagado y ha alcanzado lo más profundo de las instituciones educativas en la capital desde hace algunos años.
Por: Gustavo C.